Elimina CNDH oficina de investigación de caso Ayotzinapa

Ciudad de México.-La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se deja sin efectos la creación de la Oficina Especial para el ‘Caso Iguala’.
La función de esta oficina era “atender de manera prioritaria” la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, en enero de 2020, la hoy titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ordenó su eliminación.
“Se deja sin efectos el Acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2014, mediante el cual, se creó la Oficina Especial para el “Caso Iguala”.
Además, se instruye a la Dirección General de la Primera Visitaduría General para encabezar los trabajos de acompañamiento a las víctimas y seguimiento para abordar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fue en noviembre de 2018 cuando ese organismo emitió una sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, en donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada.
Asimismo, en el marco del séptimo aniversario de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República informó que iniciará una investigación contra los peritos que manipularon evidencia en el caso de los estudiantes.
“Hay una investigación de la Fiscalía sobre el actuar de la misma Fiscalía y los servicios periciales. Próximamente también estaremos judicializando a actores que formaban parte de servicios periciales que también manipularon evidencias”, dijo Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR.
Así lo aseguró desde la Barranca de la Carnicería, lugar en que fueron hallados los restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero, los dos únicos normalistas identificados hasta el momento.
Refirió que a lo que están llegando de las investigaciones dentro de la Fiscalía, es que un conglomerado de funcionarios públicos actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban y que en función de eso desviaron toda una investigación.
Durante el sexenio pasado, la entonces Procuraduría General de la República concluyó que los 43 normalistas fueron asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014 y luego sus restos fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión conocida como la “verdad histórica”, la cual ha sido negada por la actual administración que comenzó una nueva investigación.
El fiscal Gómez Trejo dijo que existen muchas irregularidades en el trabajo hecho por la PGR.
Tras realizar un recorrido por la Barranca de la Carnicería, Gómez Trejo explicó que las diligencias en el lugar comenzaron el 19 de diciembre de 2019, luego de que un testigo les diera la ubicación exacta de un lugar al que presuntamente fueron arrojados restos óseos de los normalistas.
Se trata de una barranca de difícil acceso ubicada a 800 metros del basurero de Cocula, donde en un inicio se indicó que fueron quemados los 43 estudiantes y en el que la FGR encontró un total de 70 fragmentos óseos dentro de un costal, que no pudieron ser identificados debido a las condiciones en las que fueron localizados.
Desde entonces ha pasado un año y nueve meses en que los peritos han limpiado la zona, cernido la tierra, procesado la información y recolectado mayor evidencia para conocer el paradero de los normalistas, proceso que no se ha detenido a pesar de la pandemia.
A unos metros de ese primer vestigio fueron hallados los restos de Cristian Alfonso Rodríguez, identificados gracias a una prueba de ADN en la Universidad de Innsbruck en Austria.
Casi un año después, el 22 de octubre de 2020, los peritos localizaron la vértebra lumbar de Jhosivani Guerrero, hueso que no tenía evidencia de exposición térmica, solo exposición al sol.
Por su parte Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, indicó que existen muchas líneas investigación debido a que hay más de 20 testigos participando, entre ellos propios victimarios privados de su libertad o que están en libertad por decisión de un juez, y que desvirtúan la “verdad histórica”.