Solicita SCJN comprobar “real malicia” para demandar a periodistas

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que es necesario comprobar que algún periodista o medio de comunicación actuó con “real malicia”, como requisito indispensable para demandarlo por la vía civil por alguna publicación en relación a su actividad profesional.
La Primera Sala de la SCJN hizo pública su jurisprudencia 1.A/J.8O/2019 donde advierte que para buscar por la vía jurídica sanciones civiles por alguna noticia u opinión publicada en un medio de comunicación, es necesario tener en cuenta este principio: “la doctrina de la ‘real malicia’ requiere no solo que se demuestre que la información difundida es falsa sino, además que se publicó a sabiendas de su falsedad, o con tal despreocupación, sobre si era o no falsa, pues ello revelaría que se publicó con la intención de dañar”.
En septiembre pasado, se hicieron públicas otras seis tesis sobre dicho tema donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la “real malicia” debe interpretarse para ampliar el margen de la libertad de expresión y no para limitar el ejercicio de este derecho.
Esta tesis de jurisprudencia, publicada en el número más reciente del Semanario Judicial de la federación, será de aplicación obligatoria para todos los juzgados y tribunales del país a partir de este lunes 14 de octubre.
Un ejemplo de esta situación, es el próximo titular de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, Sergio Ramírez Robles, quien en sus antecedentes tiene el haber presentado demandas civiles contra reporteros por presunto daño moral y difamación en agravio de funcionarios poblanos.
Ramírez Robles ha demandado civilmente a dos reporteros en defensa de funcionarios estatales. El 19 de abril de 2014, durante una entrevista el funcionario se refirió a la denuncia contra los periodistas y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón.
Dijo que no le preocupan, ya que su actuación rompió paradigmas en la relación prensa- gobierno y estableció, desde el punto de vista legal, un camino poco explorado en cuanto a la posibilidad de demandar a los periodistas cuando centran su trabajo en “mentiras y calumnias”.