Ordena TEPJF expansión de ley reglamentaria de revocación de mandato

Ciudad de México.- Con 6 votos a favor y uno en contra, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de la Unión emitir la ley reglamentaria de revocación de mandato, debido a la omisión absoluta que ha cometido, al no cumplir con los tiempos que se impuso para desahogar este tema.
Los magistrados consideran que la omisión legislativa genera una violación a la ley electoral por afectar los derechos político-electorales de la ciudadanía, qué sería el participar en una revocación de mandato como un derecho fundamental.
Lo anterior luego de que Morena se quejara por la omisión y por separado lo hicieron, un ciudadano y una organización civil.
Recientemente, el Instituto Nacional Electoral contempló un monto de 18 mil 827.74 millones de pesos, con los ejercicios de consulta popular y revocación de mandato.
En conferencia de prensa, el órgano administrativo específico que en el presupuesto se está proyectando un gasto de 5 mil 743 millones de pesos para los nuevos ejercicios. Por lo que de realizarse, se proyecta para la revocación de mandato se necesitaría tres mil 830.45 millones de pesos y para la consulta popular mil 913.14 millones de pesos.
Durante el encuentro con medios de comunicación, Ana Laura Martínez, directora ejecutiva de administración del instituto, detalló que el anteproyecto está compuesto por el presupuesto base, qué es el necesario para actividades permanentes, como servicios personales o gasto corriente, además de la cartera institucional de proyectos qué dependen del número de procesos a realizar.
Agregó que para el presupuesto de 2022 se tienen previstos 6 procesos locales, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Por otro lado, el consejero Jaime Rivera expuso que, si una o las dos consultas no se desarrollan, el INE devolvería el importe correspondiente a la Tesorería de la Federación. Es decir que, en su anteproyecto, la autoridad electoral decidió sumar el presupuesto de una consulta popular y la revocación de mandato como medida precautoria.