Comercializadoras especulan con el precio del maíz: Camacho

La Paz, Méx.- A mayor demanda, mayor aumento de precios, que hoy se ve agravado presuntamente por la pandemia del Covid 19, dijo aquí Ernesto Camacho Vargas, representante de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, quien señaló que las grandes comercializadoras de maíz justifican el aumento en el precio de la tortilla por el alza en el costo por tonelada del grano, de 4,800 a 6 mil pesos.
Dijo que esas empresas se basan en los argumentos de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), la cual expone que son justificados la devaluación del peso frente al dólar, la caída de la Bolsa Mexicana de Valores y la presunta caída de 0.39 del producto en diversos mercados de valores.
Aseguró que el alza en el precio del maíz ha provocado que los costos de producción se incrementen hasta en 40 por ciento para las tortillerías mexicanas, y el aumento en el precio actual se justifica porque desde hace cinco años no han subido los precios en el kilogramo de la tortilla y el maíz, a pesar de que sí han aumentado los costos de otros insumos, como las harinas y los combustibles.
En resumen, dijo, cuando aparece el coronavirus se desploman las bolsas del mundo, baja el precio del petróleo, los grandes inversionistas tratan de tener seguro su dinero y lo meten a la Bolsa, lo cual genera una sobredemanda que eleva los precios de insumos y el producto final al consumidor.
Lo malo, dijo, “sin quererle jugar al mago, es que de acuerdo con la tendencia, es posible que el precio de la tonelada de maíz se incremente por encima de los 6 mil pesos y ello repercuta en el precio final a la gente”.
Dijo que los productores enfrentan múltiples condicionantes, muy desventajosas para ellos, lo mismo que para los consumidores, pues en este esquema los únicos que ganan son las grandes comercializadoras, las cuales especulan con el grano desde hace 8 meses, ya que compraron la gramínea a un precio infinitamente menor al de venta.
Aseveró que el gobierno federal tiene que meter las manos en el problema y hacer válido el precio de garantía al productor y menor al consumidor. Esa, dijo, es su función como autoridad.