Reflexionan en el IEEM sobre el combate a la corrupción

Toluca, Méx.- La corrupción es un problema que genera altos costos económicos, políticos y sociales por lo que es indispensable identificar y cuantificar sus repercusiones, para conocer sus dimensiones y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y erradicación, así los destacaron las y los especialistas en el evento organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.
Para iniciar los trabajos relativos al “Combate a la corrupción desde la Justicia Administrativa y la Aplicación de la Plataforma Digital Nacional”, la Consejera Electoral, María Guadalupe González Jordan, destacó que, es importante reflexionar que la corrupción es un fenómeno que no distingue ámbitos y que ha afectado a todos los países por igual, es por ello que los Tribunales de Justicia Administrativa tienen una ardua labor, para lograr que el servicio público se rija bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, transparencia, rendición de cuentas, entre otros.
En tanto la Magistrada Myrna Araceli García Morón, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al impartir la conferencia “Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción”, explicó que actualmente este problema representa en el país el 9% del Producto Interno Bruto según cifras del Banco de México.
De tal forma que, es importante aprender a controlar e incluir palabras en el vocabulario para desnormalizar y disuadir la corrupción en el país, también se busca que haya una cultura de la legalidad, además de imponer medidas disciplinarias que inhiban la futura comisión de actos ilícitos.
Mientras que en la mesa titulada: “Aplicación práctica de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, Alberto Gándara Ruíz Esparza, Magistrado Jurisdiccional Consultivo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, junto con Avelino Bravo Cacho, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, coincidieron en que se trata de una ley novedosa, que busca erradicar y combatir este fenómeno y alcanzar los resultados eficaces que la sociedad espera.
Bajo la moderación de Jesús Antonio Tobías Cruz, Contralor General IEEM, ambos Magistrados mencionaron que es importante revisar bien la ley federal, para que ésta a su vez, se pueda llevar a cabo en las entidades, puesto que aún se tienen que ir sistematizando los procesos.
Asimismo, con el tema “Estrategia anticorrupción”, Omar González Vera, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, expuso que parte de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción, es dirigirse hacia una democracia participativa, ya que no es suficiente que la sociedad esté informada y atenta; debe, además, participar e involucrarse en las decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública; y recurrir a la denuncia y dejar de ver este problema como algo normal.
Por último, Claudia Adriana Valdés López, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, explicó los pormenores de la “Implementación de la Plataforma Digital Nacional”, la cual cuenta con diferentes sistemas que permiten conocer aspectos particulares de las y los funcionarios públicos como por ejemplo el referente al patrimonial, el de fiscalización, faltas administrativas, entre otros, y es una fuente para construir integridad y combatir la corrupción.
A su vez, en el evento estuvieron presentes las Consejeras Electorales, Sandra López Bringas y Daniella Durán Ceja y los Consejeros Electorales, Miguel Ángel García Hernández, y Saúl Mandujano Rubio, el Secretario Ejecutivo, Francisco Javier López Corral, el Presidente de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, A.C. Santiago Arturo Montoya Félix e integrantes de la misma.
Además de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, contralores de órganos autónomos y de los Ayuntamientos, contadores, directivos de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno estatal, del Comité de Participación Ciudadana, integrantes de la Legislatura local, de la Junta Local del INE, de la Universidad Autónoma del Estado de México, servidores públicos, representantes de partidos políticos y ciudadanía interesada.