Plantean diputados del PAN agravar penas por abuso sexual en el transporte público

Toluca, Méx. – Los diputados José Antonio García García y Karla Leticia Fiesco García a nombre del grupo parlamentario del PAN, presentaron iniciativas para aumentar las penas de prisión en una mitad cuando una violación, abuso o acoso sexual ocurran en el transporte público, así como para establecer penas de cinco a 10 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado a quien hurte en una unidad económica del sector comercio, industrial o de servicios, y que este delito se califique como grave.
En la primera iniciativa, señala que las sanciones por abuso sexual aumentarían en el transporte público, de cuatro a ocho años de prisión y de 10 a 30 años si es contra menores de edad mientras que para los casos de violación, el castigo máximo pasaría de 20 a 40 años de prisión.
Explicó que, ante las condiciones de inseguridad para las mujeres en el transporte público, es necesario desincentivar la comisión de delitos como la violación y el abuso y acoso sexual a través de acciones efectivas y contundentes, por lo que su propuesta plantea incrementar las sanciones cuando estos delitos se perpetren en instalaciones o medios de transporte público en sus diferentes modalidades o en vehículos de transporte privado solicitados por aplicaciones.
Dijo que la violación y el abuso y acoso sexual son los delitos que con mayor frecuencia padecen las mujeres en el transporte público, y que incluso en 2018 el Estado de México fue la entidad del país en la que más delitos de esa índole se cometieron; además recriminó el incremento de estos delitos en los últimos cuatro años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): 970% el abuso sexual, 84% el acoso sexual y 477% la violación.
Según encuestas de la Secretaría de Movilidad, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual de las mujeres en el transporte público se concentran mayormente en la Zona Metropolitana del Valle de México y en el municipio de Toluca, donde 87% de las usuarias del transporte público dijeron haber padecido miradas libidinosas; 52%, piropos obscenos; 56%, empujones; 59%, manoseos; 18%, fotos sin consentimiento, y el 20%, persecuciones sexuales.
Mientras que la diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN) propuso que el robo a negocio se sume al catálogo de delitos graves para eliminar los beneficios legales que actualmente prevé la normatividad, además de incrementar la penalidad y generar acciones coordinadas de las autoridades y los negocios para inhibir el ilícito, ya que su incidencia ha crecido y las víctimas pocas veces denuncian debido a las presiones y amenazas que reciben de los delincuentes.
Al recordar que 50% de los robos a negocio son con violencia, la diputada indicó que su iniciativa también propone facultar a los ayuntamientos para generar políticas públicas enfocadas en implementar acciones y estrategias coordinadas entre el ámbito público y el privado, a fin de prevenir y, en su caso, erradicar el robo a negocio.