Publicado en Estado de México

Piden legisladores proteger a periodistas

Jueves, 12 Septiembre 2019 21:34 Escrito por 
Piden legisladores proteger a periodistas Jaime Arriaga

Toluca, Méx.– La Legislatura mexiquense exhortó a los titulares del Ejecutivo; de Seguridad Pública; de la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión estatal de Derechos Humanos, para que, en coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, adopten las medidas y acciones necesarias para que se respeten, promuevan, protejan y garanticen la integridad y los derechos humanos de las y los periodistas.
Dicha propuesta del diputado del PAN, José Antonio García García, también hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones redoble los esfuerzos en las indagatorias respectivas, respecto del asesinato del periodista mexiquense, Nevith Condés Jaramillo, asesinado el pasado 24 de agosto del presente año en el municipio de Tejupilco, sin escatimar ningún recurso material y humano para que se castigue a los responsables.
Pues dijo que de acuerdo al índice de libertad de Prensa 2018, elaborado por Reporteros sin Fronteras (RSF), se afirma que México es el tercer país del mundo más peligroso para ser periodista, solo superado por Afganistán y Siria, países en guerra civil desde hace más de siete años y que cuentan con más de un 99% de impunidad.
Asimismo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere, que la libertad de expresión en México enfrenta un panorama de violencia que ha convertido a nuestro país en el más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano.
Mientras que de acuerdo con la Organización Articulo 19 durante el primer semestre del año 2019 se registró una agresión contra una o un periodista cada 17.4 horas. De acuerdo con dicha organización en el primer semestre de este año se registraron 249 agresiones, incluyendo 7 asesinatos de periodistas.
Finalmente, agregó que el derecho a informar y estar informado debe ser protegido por el Estado como un activo fundamental para asegurar el proceso participativo que le dé transparencia y permita la rendición de cuentas de todo gobernante y funcionario público.