Poder Judicial procedió contra dos servidores por mala actuación

Toluca, Méx.- El Poder Judicial del Estado de México procedió contra dos servidores judiciales, cuyas conductas serán investigadas como lo establece la Ley.
En el primero de los casos, se llevó a cabo la detención y vinculación a proceso de Adrián “N”, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad. En la Delegación de la Contraloría de Tlalnepantla, se radicó el expediente con motivo de la queja interpuesta por víctima de identidad reservada en contra del servidor judicial, quien estaba adscrito al Distrito Judicial de Ecatepec.
Por lo que la Fiscalía Regional practicó las investigaciones que permitieron judicializar la carpeta de investigación.
De acuerdo con la denuncia, en un juicio sucesorio intestamentario, Adrián “N” le ofreció a la víctima y a su abogada ayudarles para llevar a cabo los trámites de escrituración a través de una Notaría de Calpulalpan Tlaxcala, informándoles que el costo total de la escrituración sería de 65 mil pesos.
Ante ello, la víctima realizó dos depósitos bancarios a una cuenta proporcionada por Adrián “N”, quien no cumplió lo ofrecido ilícitamente, sobre su trámite de escrituración, motivo por el cual acudió al órgano de control.
En el segundo de los casos a Sergio “N” del Distrito Judicial de Ecatepec, a quien se le impuso la medida cautelar consistente en la suspensión temporal, y además a una archivista judicial.
Luego de que a través de una denuncia anónima, se dio a conocer que Sergio “N” no asistía a trabajar al juzgado en su horario normal, porque supuestamente se encontraba con síntomas de COVID; sin embargo, acudía por las tardes y llevaba audiencias fuera del horario de labores.
Por lo que en ambos casos, se continuará con las investigaciones respectivas, y de manera resuelta se combatirán posibles actos de corrupción que sean denunciados por la ciudadanía o detectados por la institución. Mientras que el presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, afirmó que el Poder Judicial mantiene firme su postura de combate a la corrupción, a cualquier conducta que dañe la imagen y función jurisdiccional de la institución o bien de actos que vayan contra las normas y la ética.